Uruguay se prepara para una nueva instancia de negociación colectiva bajo el paraguas de los Consejos de Salarios, consolidando dos décadas de diálogo social institucionalizado. Esta 11ª ronda (julio 2025) se enmarca en un contexto global de desaceleración económica, con desafíos internos como el escaso dinamismo del crecimiento y oportunidades asociadas a una inflación en descenso. El presente informe analiza los lineamientos propuestos, valora sus alcances y limitaciones, y reflexiona sobre su impacto en la calidad del empleo, la equidad y la sostenibilidad productiva del país.
La 11ª ronda de Consejos de Salarios representa una oportunidad para consolidar el camino recorrido en materia de negociación colectiva y para avanzar hacia un modelo laboral más justo, resiliente e inclusivo. La combinación de ajuste salarial moderado con políticas complementarias no salariales constituye un paso en la dirección correcta. El desafío está en lograr que estas herramientas sean efectivamente implementadas y monitoreadas, y que contribuyan a construir un futuro del trabajo más equitativo, especialmente para los sectores más vulnerables.
1. Contexto económico, nacional e internacional
El crecimiento mundial proyectado para 2025 es de 2,8%, una disminución respecto a años anteriores. América Latina y el Caribe enfrentan una caída similar, con una previsión de 2,0%. Uruguay, por su parte, proyecta un crecimiento de 2,8%, con una tendencia prolongada de bajo dinamismo. A esto se suma la complejidad cambiaria con los países vecinos: mientras que el desvío de precios con Argentina se corrige, el tipo de cambio con Brasil genera desventajas de competitividad.
La inflación en Uruguay muestra una tendencia descendente, con una proyección del 4,5% para fines de 2027. Esta situación crea condiciones favorables para una política salarial alineada con el rango meta del Banco Central. La tasa de empleo ha mostrado una mejora, aunque con limitaciones metodológicas para una comparación exacta, y un volumen de empleo formal que se mantiene estable en los últimos años.
Se propone un período de convenio de dos años, con ajustes salariales semestrales y diferenciados según nivel de ingreso:
Además, se contemplan correctivos por inflación subyacente en el primer año y por inflación observada al cierre del período.
Los lineamientos reconocen la heterogeneidad del tejido productivo (por tamaño, localización y situación sectorial), habilitando la figura de los “descuelgues” para evitar impactos desproporcionados en empresas con menor capacidad de absorción salarial. También se advierte que las empresas reguladas no podrán trasladar aumentos por encima de los lineamientos a precios o tarifas.
En un avance relevante, los lineamientos incorporan cláusulas orientadas a la mejora cualitativa del empleo:
Estos aspectos demuestran una comprensión más amplia del bienestar laboral, que va más allá del salario y reconoce la centralidad de factores psicosociales y de inclusión.
El diseño de esta ronda evidencia un enfoque técnico y realista, pero también sensible a temas como la equidad de género y la conciliación entre vida personal y trabajo. Se observa una evolución desde una lógica centrada exclusivamente en los porcentajes de ajuste, hacia un marco laboral más humanista y holístico.
Vincular el empleo formal con políticas de desarrollo humano (salud, cuidado, bienestar).
Fortalecer el diálogo social como patrimonio nacional.
Alinear política salarial con productividad y formación.