

En medio de homenajes por la reciente muerte del expresidente José “Pepe” Mujica, el Instituto Nacional de Colonización (INC) concretó una operación que resuena tanto por su dimensión económica como por su carga simbólica. Se trata de la adquisición de una estancia de 4.404 hectáreas por un monto de 32,5 millones de dólares, ubicada en una de las zonas de mayor productividad agropecuaria del país. El objetivo declarado: instalar productores lecheros bajo los lineamientos de la política agraria histórica del Frente Amplio y del propio Mujica.
La compra se hizo “en honor” al exmandatario, como señalaron autoridades del INC, pero los matices legales, técnicos y políticos detrás de la operación revelan una trama compleja, donde se entrecruzan homenaje, gestión pública, tensiones partidarias y visiones contrapuestas sobre el modelo de desarrollo rural.

La adquisición se amparó en el artículo 35 de la Ley 11.029 —normativa fundacional del INC desde 1948— que establece el derecho de preferencia del instituto para adquirir campos de gran extensión antes de que sean ofrecidos al mercado libre. En departamentos como Florida, este derecho se aplica sobre predios de al menos 200 hectáreas con índice Coneat 100 o superior. En este caso, el predio superaba ampliamente ambos umbrales, con un alto índice de productividad.
El uso de esta herramienta legal no es nuevo, pero sí poco frecuente en compras de esta magnitud. La ley prevé que el INC pueda intervenir con fines de colonización, garantizando el acceso a la tierra para pequeños y medianos productores, una lógica que algunos consideran desactualizada frente al nuevo perfil de inversiones agroindustriales en el país.
La propuesta de compra fue impulsada por el director Eduardo Viera, figura históricamente vinculada a Mujica, y presentada al directorio del INC tres semanas antes de su aprobación definitiva. El respaldo oficialista permitió que la operación se concrete: tres de los cinco votos del directorio fueron favorables, los correspondientes al Frente Amplio y la recién incorporada Karina Henderson, representante de los productores rurales.
Desde la oposición, los representantes del Partido Colorado votaron en contra. Aunque no se expresaron públicamente con detalle, fuentes vinculadas al sector explicaron que existía preocupación por el alto costo de la operación y el momento fiscal que atraviesa el instituto.
En declaraciones recogidas por La Diaria y El Observador, tanto el ministro de Ganadería como autoridades del INC defendieron la compra:
La operación, según voceros oficiales, se inscribe en el objetivo de democratizar el acceso a la tierra y fomentar el arraigo rural.
No tardaron en llegar las objeciones. La Asociación Rural del Uruguay (ARU) cuestionó el “gasto excesivo” en un contexto de ajuste fiscal, sosteniendo que el INC “no está en condiciones económicas de comprar tierras de este valor”. Varios economistas, como Isaac Alfie y Javier de Haedo, manifestaron preocupación por el uso de fondos públicos en una operación que consideran más simbólica que estratégica.
También se puso en entredicho la transparencia del proceso: la rapidez en la aprobación, la falta de convocatoria a otros oferentes y el peso del componente político generaron suspicacias, especialmente entre sectores que ven en el INC una institución que requiere reformas estructurales.
Más allá del plano técnico, la decisión fue interpretada por muchos como un gesto de reivindicación hacia la figura de Mujica. “Es una forma de honrar su legado”, afirmó Viera en entrevista con Canal 5 Noticias. Desde el oficialismo se sostiene que el mejor homenaje al expresidente es continuar su lucha por una política agraria inclusiva, que no deje la tierra exclusivamente en manos del gran capital.
Del otro lado, se cuestiona que la memoria de Mujica sea instrumentalizada para decisiones de impacto presupuestal que podrían haberse canalizado hacia otros fines —como infraestructura, tecnología o fortalecimiento del sistema de riego nacional.
El INC considera esta compra como un hito para sus planes estratégicos. Lo cierto es que vuelve a colocar en agenda un debate de larga data en Uruguay: ¿debe el Estado seguir comprando tierras? ¿Qué modelo de desarrollo rural se promueve en tiempos de alta tecnificación y concentración?
Aún resta conocer el destino final de las fracciones, el cronograma de adjudicación y si, efectivamente, se lograrán instalar colonos con capacidad productiva y sostenibilidad a largo plazo. Mientras tanto, el campo adquirido se convierte en terreno fértil no solo para la leche, sino también para una nueva discusión sobre el rol del Estado, la memoria política y el uso eficiente de los recursos públicos.
Fuentes consultadas:
Mujica, Instituto de Colonización, compra de tierras, estancia Florida, homenaje a Mujica, política agraria Uruguay, tierras del Estado, colonización rural, pequeños productores, lechería Uruguay, Coneat, desarrollo rural, Frente Amplio, crítica ARU, inversión pública campo, Ley 11.029, acceso a la tierra, debate político tierras, producción lechera, Uruguay 2025