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Uruguay ocupa, desde hace años, uno de los lugares más tristes del continente: el tercer país con mayor tasa de suicidios en América, solo detrás de Guyana y Surinam.
Una realidad que se ha vuelto crónica y que golpea especialmente a dos franjas etarias vulnerables: los adolescentes y los adultos mayores.
El reciente trabajo de investigación publicado en el diario «El País de Uruguay» basada en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Tiempo Real de Intentos de Suicidio, ofrece información inédita sobre el fenómeno. Por primera vez, Uruguay cuenta con cifras detalladas, confiables y actualizadas, lo que permite analizar el problema con mayor profundidad y trazar estrategias de prevención efectivas.
Ver artículo de la muestra de fotos:https://municipiob.montevideo.gub.uy/la-%C3%BAltima-foto-una-campa%C3%B1a-para-hablar-acerca-del-suicidio
Un país que se mira al espejo
En 2023 se registraron 4.723 intentos de suicidio en Uruguay, involucrando a 4.274 personas. El 47,3% de esos casos correspondió a jóvenes de entre 15 y 29 años, y más del 54% involucró a menores de 30. Pero también preocupa la situación de los adultos mayores, con cifras alarmantes en los grupos de más de 75 años.
Un dato contundente: mientras el suicidio consumado es mayoritario en hombres (75%), las mujeres representan el 71,6% de los intentos. En los grupos de 10 a 14 años, hubo siete intentos de suicidio femeninos por cada intento masculino. Y entre los 75 y 79 años, la proporción fue de seis a uno.
El método más común: los psicofármacos
En el 71,6% de los casos, el intento se produjo por autoenvenenamiento con fármacos, sobre todo benzodiacepinas y antidepresivos como alprazolam, sertralina, clonazepam o quetiapina. La facilidad de acceso a estos medicamentos, sumada a la automedicación o su consumo sin supervisión médica, ha sido señalada por expertos como un factor clave a atender.
¿Por qué se repite el intento?
El 50,6% de quienes intentaron suicidarse en 2023 ya lo habían hecho antes. Y 250 mujeres y 98 hombres volvieron a intentarlo en ese mismo año, con una mediana de 54 días entre un intento y otro. Aunque el 69% de los casos estaba bajo tratamiento de salud mental, los datos revelan la necesidad de revisar la calidad y la continuidad del acompañamiento luego del alta médica.
El desafío: reducir los intentos
Con la llegada de una nueva gestión en el Ministerio de Salud Pública, la salud mental se ha convertido en prioridad. La flamante directora del área, Julia García, señaló que es momento de “cambiar el modelo asistencial por uno comunitario” y llevar adelante “estrategias nacionales y locales de prevención del suicidio”.
En este marco, se puede pensar desde la perspectiva a la solución a los problemas, un conjunto de medidas con el objetivo concreto de reducir los intentos en adolescentes y adultos mayores. Estas son algunas ideas en líneas estratégicas:
- Educación emocional en centros educativos y espacios comunitarios para adolescentes, con acompañamiento docente y redes de apoyo entre pares.
- Control del acceso a psicofármacos, mejorando los sistemas de prescripción y generando campañas de concientización sobre el consumo responsable.
- Seguimiento post alta obligatorio y efectivo, con protocolos de control interdisciplinario (médico, psicológico y social) a los 7, 14 y 30 días.
- Fortalecimiento de redes comunitarias para adultos mayores, con actividades sociales, visitas domiciliarias y atención en salud mental accesible en todo el territorio.
- Capacitación continua al personal de emergencia y salud primaria, para mejorar la detección temprana y el abordaje de casos de riesgo.
La información como herramienta de vida
“El sistema ha proporcionado datos valiosos que permiten analizar tendencias y diseñar estrategias de prevención”, señaló José Luis Satdjian, uno de los autores del informe. El nuevo sistema de vigilancia digital —inspirado en el modelo de rastreo de Covid-19— ha permitido dar seguimiento a todos los casos registrados, lo que representa un salto cualitativo frente al anterior sistema en papel.
Las declaraciones de Satdjian y García fueron recogidas por el diario El País de Uruguay en entrevistas realizadas en marzo de 2025, en las que ambos expertos coincidieron en la necesidad de políticas públicas adaptadas a las realidades sociales, culturales y geográficas del país.
La directora García fue clara: “El suicidio tiene un impacto devastador en las comunidades. Vamos a trabajar con campañas de educación y sensibilización en salud mental, con un enfoque intersectorial que involucre a toda la sociedad”.
El camino hacia la prevención no es sencillo, pero es urgente. En un país donde hay 13 intentos de suicidio por día, actuar es una obligación ética, médica y humana. Disminuir esta cifra —aunque sea en un 5%— significaría salvar cientos de vidas. Y eso, en definitiva, es lo que importa.
