La auditoría interna del Instituto del Niño y Adolescente concluyó que hubo manejo irregular de pensiones de personas con discapacidad internadas en la fundación Imcos, que tenía convenio con el INAU. El mecanismo administrativo no se cumplió y el dinero se destinó a otros fines.
INAU resolvió hacer la denuncia penal con relación a esta fundación que además no cumplió con obligaciones laborales, por las que el instituto fue condenado a pagar unos 30 millones de pesos.