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Uruguay es considerado como el país más capacitado para combatir la corrupción

Los 15 países abarcados en el índice de corrupción, que corresponden al 95 % del PIB de América Latina, evidencian mayores probabilidades para que quienes cometen actos de corrupción sean sancionados y enjuiciados, y aquellos con menores puntajes evidenciarían impunidad continúa.

El foro dedicado al debate, el diálogo y la educación en las Américas, denominado Americas Society Coucil of the Americas, y la compañía global de consultoría especializada en riesgos, Control Risks, presentó el ‘Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción’ (CCC) en el que Uruguay ocupó el primer lugar.

El índice, que busca evaluar la capacidad de los países de Latinoamérica para detectar, prevenir y castigar la corrupción en su versión de 2021, y que esta vez presenta su tercera edición, clasifica y evalúa a los países con relación a su eficacia para combatir la corrupción, un flagelo que se vio agudizado por la crisis sanitaria del covid-19.

Menos recursos y delitos de “cuello Blanco”

En varios países, la pandemia del covid-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades urgentes, lo que dio espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular o las manifestaciones callejeras, como ocurrió en años anteriores”, señaló el documento.

                  

Dentro de la clasificación puntuada sobre 10, Uruguay ocupó la primera casilla con 7.80, seguido por Chile con 6.51, Costa Rica con 6.45, Perú con 5,66, Argentina con 5,16, Brasil con 5,07 y Colombia en la séptima casilla de 15 con 4,81.Mientras tanto, se considera que los más corruptos de América Latina son: Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras, en ese orden.

El Índice CCC analiza 14 variables como la movilización de la sociedad civil contra la corrupción; la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción; y el nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de “cuello blanco”, y además, se basa en importantes datos y una encuesta propia para este objetivo.

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