

En cualquier parte del mundo existe el acoso laboral sin tener que haber existido acoso sexual. Pero en cualquier parte del mundo NO existe el acoso sexual sin que venga de la mano el acoso laboral si ocurrió dentro de un lugar de trabajo. Pues me duele que en mi país a los…
— A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) April 29, 2025
En el mundo laboral moderno, pocas decisiones pesan tanto como aquellas que definen el carácter ético de una empresa. La reciente sentencia que condena a Canal 10 (SAETA) por acoso sexual marca un precedente inédito en Uruguay: por primera vez, un medio de comunicación ha sido legalmente responsabilizado por permitir que dentro de su estructura jerárquica se vulnerara la integridad de una trabajadora.
Más allá del impacto judicial, este caso abre un debate profundo sobre el clima organizacional, el poder, el miedo y las decisiones que una empresa toma —o evita tomar— frente a denuncias internas. ¿Qué ocurre cuando una organización decide proteger a un jerarca, aun con evidencia en mano, y al mismo tiempo margina o despide a la víctima? El costo, en este caso, no fue solo monetario: fue reputacional, moral y social.
Lo ocurrido expone una realidad incómoda para muchas instituciones: el acoso sexual en el trabajo no aparece en el vacío. Tal como lo señaló la denunciante en sus palabras, “en cualquier parte del mundo NO existe el acoso sexual sin que venga de la mano el acoso laboral”. El acoso sexual es, en muchos casos, apenas la cúspide de una cultura de poder tóxica que permite el hostigamiento, la impunidad y el silenciamiento de las víctimas.
La empresa tuvo la oportunidad de actuar: investigar internamente, proteger a la trabajadora, sancionar al responsable. En lugar de eso, eligió el negacionismo, el encubrimiento y, finalmente, la defensa judicial del acosador. El fallo condenatorio no solo desmiente su relato institucional: lo deja expuesto como un ejemplo de cómo no gestionar una crisis de este tipo.
Uno de los aspectos más dolorosos del caso es la dificultad para probar el acoso laboral. No porque no existiera, sino porque los testigos —los compañeros de trabajo— tenían miedo. Miedo a perder su empleo, a quedar marcados, a ser los próximos en ser silenciados. Este miedo no es natural: es inducido. Y cuando el silencio se convierte en norma, el acoso encuentra terreno fértil para prosperar.
Este elemento pone en evidencia un problema estructural que va más allá de un solo canal de televisión. En muchas empresas, la cultura de protección del victimario persiste porque es funcional: protege jerarquías, conserva relaciones con el poder político o económico, y evita escándalos. Pero también erosiona la confianza, empobrece la ética interna y degrada el clima laboral.
Aunque la justicia no haya reconocido plenamente el acoso laboral y la indemnización económica resulte simbólica frente a la magnitud del daño, la victoria tiene un valor que supera el dinero: el precedente. El hecho de que una periodista haya tenido el coraje de llegar hasta el final, sin aceptar arreglos ni retroceder pese al aislamiento profesional, ya representa una bisagra en la historia reciente del país.
Para las empresas, esta sentencia es un llamado de atención. Ya no alcanza con tener un protocolo en papel. No basta con emitir comunicados que niegan hechos evidentes. Se necesita construir culturas donde la dignidad de las personas esté por encima de los intereses, donde denunciar no signifique perder el trabajo y donde “haber zafado” no sea un motivo de celebración.
Porque, al final del día, una empresa no se define solo por lo que vende, sino por cómo trata a quienes hacen posible su existencia.